El 'chollo' de la destrucción

Que Bruselas lance una reprimenda a la Generalitat Valenciana por su legislación urbanística es algo que ya no sorprende. No es la primera vez que Europa protesta por el modelo de desarrollo que se está ejecutando en la Comunidad y, ciertamente, no les falta razón. Los desmanes que las constructoras, con el beneplácito de los políticos y el aplauso de los empresarios, están cometiendo sobre el territorio de la provincia de Alicante muestran que la ley no es suficiente para atajar una situación que cada vez preocupa a más ciudadanos concienciados con el futuro de su entorno.


El ultimátum de la Comisión Europea a la Generalitat era necesario para mantener vivo el debate sobre la mejor fórmula de desarrollo para nuestro territorio. Ya que los ciudadanos no somos escuchados, al menos se agradece que la Unión Europea intervenga en el asunto para poner este modelo urbanístico en el centro de la actualidad. Sin embargo, es una equivocación pensar que la Ley Urbanística Valenciana es el principio del problema. Este reglamento no es la causa de la ordenación salvaje, sino la consecuencia de algo más amplio, de un planteamiento que antepone el enriquecimiento a corto plazo frente a la conservación de los recursos disponibles para su posterior aprovechamiento.

La LUV nació como una mejora de la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), que dejaba las puertas abiertas para que los constructores se enriquecieran a costa de los terrenos que se recalificaban con excesiva facilidad. La ley que ahora está en cuestión subsanaba algunos de los errores que llevaban a una situación cercana al 'todo vale'. De este modo, la LUV recortaba el poder del los constructores e incluía exigencias y requisitos más restrictivos a su actividad. El problema es que, como ya es habitual por estos lares, los políticos se saben todos los trucos para pasarse la legalidad por donde más les place.

Por todos es sabido que la construcción es, a día de hoy, el sector económico que más beneficios reporta. El problema es el de siempre, que sólo enriquece a unos cuantos y arruina a otros muchos. Sí, la construcción ayuda a aumentar el empleo; sí, la construcción aumenta la oferta habitacional de un territorio que vive del turismo; sí, los campos de golf y las urbanizaciones anexas a ellos son un reclamo para los visitantes extranjeros que vienen cargados de divisas. Pero, ¿qué nos quedará cuando ya no haya ni un centímetro para construir?, ¿de dónde sacaremos el agua que necesitan todos esos bloques de edificios?, ¿y que pasará con nuestra agricultura cuando los cultivos se conviertan en piscinas y hoyos de golf?

Vivimos en una época en la que lo que cuenta es el dinero fácil y rápido. Quienes tienen en su mano la organización de nuestro territorio no se paran a pensar en el futuro, mientras tachan de alarmistas y demagogos a quienes alertan sobre lo que puede pasar mañana. De momento ya estamos sufriendo las consecuencias, pequeños signos que nos muestran que vamos por el mal camino: corrupción municipal, falta de recursos hídricos, desaparición de sectores tradicionales como el calzado o la agricultura, pérdida de parajes naturales,... El tiempo dirá.