Y ahora, los militares

Poco después de que el Rey volviera a pedir a los españoles, esta vez durante la celebración de la Pascua Militar, un ejercicio de concordia y un esfuerzo por relajar la crispación, el teniente general José Mena Aguado, jefe de la Fuerza terrestre, pronunciaba en Sevilla un discurso que, además de contradecir las reclamaciones de su superior, recordaba a etapas ya superadas de la vida política española.

"Es nuestra obligación alertar de las graves consecuencias que podría conllevar la aprobación del Estatuto de Cataluña", advirtió el militar, y señaló el concepto de nación, la obligatoriedad del conocimiento de la lengua catalana y la autonomía del sistema judicial regional como "aspectos verdaderamente preocupantes" del texto catalán. Hasta ahí, las palabras de Mena Aguado entran dentro de lo aceptable. Se trata de una crítica a un texto estatutario que tiene sus errores y que, en muchos de sus puntos, se excede en sus pretensiones.

Pero a continuación, el teniente general se calienta y dice lo siguiente: "la Constitución marca una serie de límites infranqueables para cualquier Estatuto de Autonomía. [...] Si esos límites fuesen sobrepasados, sería de aplicación el articulo 8º de la Constitución: «Las Fuerzas Armadas [...] tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad y el ordenamiento constitucional»".

Mena Aguado no tiene ningún pudor al insinuar que, en caso de prosperar el Estatut, el Ejército se vería obligado a realizar una intervención militar. En un país con larga tradición de golpes de Estado, las palabras del jefe de Tierra no pueden pasar por alto. La historia de España ya ha tenido suficientes injerencias de los militares en la vida política, con intervenciones que impusieron reyes y derrocaron gobiernos durante el siglo XIX, y que provocaron guerras civiles y causaron el esperpento en el Congreso durante el XX.

Afortunadamente, el uso de la fuerza para conseguir objetivos políticos ya es algo impropio de este país. A estas alturas, las instituciones políticas españolas tienen otros resortes para guiar los asuntos espinosos (y el Estatut lo es) por la senda constitucional. Como reclama Juan Carlos I, el consenso debe ser la herramienta fundamental para seguir avanzando. No hace falta sacar los tanques a la calle...